La crisis desde la óptica del medicamento

El Real Decreto Ley 16/2012 ha levantado, por méritos propios, un considerable revuelo y desasosiego entre los ciudadanos y los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Si bien es cierto que el Partido Popular obtuvo una clara mayoría en las últimas elecciones generales, también lo es que la Sanidad Pública, no es de su propiedad. Que ésta obedece a un diseño probablemente superado por la realidad social española (envejecimiento, cronicidad, inmigración, paro) y que el partido socialista, ahora en la oposición, ha gobernado durante décadas en las que ha tenido la oportunidad de hacer reformas que aún están pendientes.

A nosotros, nos gusta guardar la equidistancia política -fruto de una escepticemia aguda– básicamente por dos motivos: la desconfianza que nos infunden todos los que no son capaces de dejar a un lado las rencillas, los intereses particulares o el cortoplacismo, ni siquiera en las graves circunstancias actuales. Y nuestro afán de valorar los resultados, no la retórica o la grandilocuencia de frases subyugadas a los compromisos ideológicos de cada cual.

Cada ciudadano tiene su ideología que defiende con las reglas de juego que los españoles nos hemos dado en un marco democrático. Sin embargo, cuando miramos a nuestro alrededor nos parece vivir en un estado de permanente adolescencia. Mucho se ha dicho de las irregularidades atribuidas a nuestros políticos, banqueros y demás ricachos del Reino. Menos de nuestra responsabilidad, como ciudadanos de a pie o profesionales, en el estado de las cosas. Que también la tenemos. No vamos a recordar episodios domésticos tan conocidos por todos como el démelo sin IVA o el facturo 10 y declaro 1. Cualquiera puede poner algún ejemplo de este tipo. Y probablemente, nadie esté legitimado para tirar la primera piedra.

En un magnífico editorial, Laporte y Bosch ponen sobre la mesa la triste realidad de la regulación de la prestación farmacéutica en España. La podríamos calificar de poco (nada) transparente, arbitraria y caduca. Podríamos reprochar a todos y cada uno de los que tuvieron responsabilidad política en el Ministerio de Sanidad su falta de decisión, o de conocimiento, o de interés, o quién sabe de qué, para abordar una modernización de los procesos y una estrategia de promoción del uso adecuado de los medicamentos. Pero no es momento de reproches, sino de soluciones.

Desde nuestros inicios profesionales hemos echado en falta una política honesta, valiente y coherente, a nivel nacional, en la que el Ministerio -junto a las comunidades autónomas- aborde el uso de los medicamentos desde una perspectiva de Salud Pública antes que desde una óptica presupuestaria o industrial. El gasto farmacéutico, per se, es un problema político, no sanitario. Baste -por reducción al absurdo– con bajar el precio de todos los medicamentos a 1 € por envase para acabar con dicho problema de un plumazo. El estratosférico consumo de medicamentos, la eterna descoordinación interniveles, la falta de seguimiento farmacoterapéutico y las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos, son problemas más complejos que hay que abordar sin dilación, porque dan en la línea de flotación de la razón de ser de nuestra Sanidad. Sin embargo, este discurso, interesa a pocos. Demasiado farragoso. Demasiada inversión. Demasiada incertidumbre. Demasiados intereses.

Al artículo de Laporte -que suscribimos sin empacho- le falta una pata. La pata de los profesionales. No todos los males se deben al establishment político. Nosotros, por acción u omisión también tenemos alguna responsabilidad en que medicamentos inseguros, inadecuados, ineficaces, se prescriban por millones de dosis. La culpa puede ser del especialista, del farmacéutico, del enfermero o del médico de familia. De todos y de ninguno. Pero en realidad, es una responsabilidad compartida. En el Reino Unido lo saben y por eso han dado un nuevo paso en el desarrollo de un marco competencial único para los prescriptores que merece la pena tener muy en cuenta y cuya lectura nos lleva a hacernos muchas preguntas: ¿están todos los prescriptores capacitados para realizar una prescripción segura y eficiente? ¿son los médicos los únicos que pueden prescribir? ¿cómo incardinamos en el sistema la posibilidad de que otros colectivos -como ocurre en muchos países – prescriban? ¿da un título universitario la capacitación a un profesional para ejercer una determinada actividad -en este caso la prescripción- de por vida? ¿certificar? ¿recertificar? Obviamente, no tenemos las respuestas, pero sin duda, hay que explorar nuevos enfoques para tener la maquinaria profesional engrasada y al día en un mundo tan cambiante y exigente como el de la Medicina.

El último estudio que nos queda hoy por enlazar es de The Lancet, que reclama un rediseño de los sistemas de salud a la realidad asistencial de los pacientes -generalmente ancianos o muy ancianos y pluripatológicos- que los utilizan. Como vemos, sobran razones para abordar una profunda modernización y racionalización del Sistema Nacional de Salud. Valgan estas líneas como humilde contribución al debate. Ahora, falta que nuestros representantes políticos se conciencien de que esta crisis no se supera solo con dinero. Y no olviden -no olvidemos- que la Sanidad Pública no es de ningún grupo político en concreto. Es de todos. Ésa es la cuestión.